La industrialización se enmarca en el contexto general de la denominada Revolución Industrial. Con relación a los países europeos más avanzados, la industrialización española fue un proceso discontinuo, con un desarrollo muy retrasado y estuvo muy polarizada en torno a los núcleos iniciales.

Los antecedentes de la industrialización.

Desde finales del siglo XVIII, ilustrados y reformistas alzaron su voz a favor del desarrollo y de la industrialización del país. España reunía unas condiciones favorables para la implantación de la actividad industrial moderna, pues contaba con una producción artesanal diversa y rica, con las Reales Fábricas, con recursos minerales suficientes para el abastecimiento en cantidad y calidad de la industria nacional, con materias primas minerales y de origen orgánico, etc. Como factores negativos para la instauración de los nuevos sistemas industriales acusaba los problemas de la insuficiencia energética (carbón), la escasez de recursos tecnológicos y humanos, una excesiva mentalidad rural, la ausencia de mercado interior, etc.

Con todo, y pese a que la nación vivió avatares tan perjudiciales para la naciente industria como la Guerra de la Independencia, la emancipación de las colonias americanas o las guerras carlistas, en la primera mitad del siglo XIX tuvieron lugar algunos hechos importantes para la industrialización, como la construcción de los altos hornos en 1832 en Marbella, Málaga, Barcelona, fábricas textiles de Cataluña.

Los inicios del despegue industrial.

En la segunda mitad del siglo XIX se consolidó en Europa la Revolución Industrial. En España, la industrialización avanzó hasta alcanzar cotas de importancia, pero evidenció un notable retraso con relación a los países europeos y una gran dependencia tecnológica y financiera de los mismos.

Junto a la industria siderúrgica y textil, quizá el logro más importante fuese el tendido de una amplia red ferroviaria que en 1865 alcanzaba ya los 4663 Kilómetros, aunque en su mayor parte eran ferrocarriles construidos por empresas y capital extranjero e, incluso, con material importado, pues nuestra industria tenía una capacidad de producción muy limitada.
La red de ferrocarriles estuvo al servicio de la explotación minera de nuestro subsuelo, también protagonizada por empresas de nacionalidad británica, francesa, belga, etc., que gozaron de las facilidades de acceso a la explotación minera que les confirió la Ley de Bases de la Minería, promulgada en 1868. Como quiera que esta ley permitía las concesiones mineras a perpetuidad-y, además, coincidió en el tiempo con la legislación desamortizadora-, por analogía esta ley se ha calificado como de desamortización del subsuelo.

Ni que decir tiene que las facilidades comentadas permitieron una explotación intensísima de nuestras minas en beneficio de la industria europea. España, que era el paraíso de los minerales metálicos, se convirtió en país exportador de materias primas minerales, quedando a merced de intereses ajenos y sin capacidad para aprovechar su riqueza mineral en beneficio propio.

España era el primer país productor de hierro, que se exportaba en su mayor parte a Gran Bretaña desde el puerto de Bilbao. Los barcos que lo transportaban volvían vacíos, pero pronto aprovecharon el flete de retorno para trasladar hasta el puerto de origen el carbón que precisabalaindustriasiderúrgicavizcaína. Esta facilidad para el abastecimiento de energía y la proximidad de los yacimientos de hierro hicieron florecer la industria siderúrgica vasca en detrimento de los núcleos siderúrgicos de otros lugares como el Bierzo (León), Málaga o Asturias, que en adelante no pudieron hacer frente a la competencia bilbaína.

La industrialización española avanzó bajo el signo del proteccionismo y a un ritmo lento y plagado de discontinuidades. A ello contribuyó el acusado fondo rural del país, el impacto de la desamortización civil, la ausencia de una burguesía emprendedora, la debilidad del mercado interior, etc., así como la incapacidad tecnológica y la situación de España como país periférico respecto a la Europa industrial a la que se exportaban materias primas y de la que se importaba capital de bienes de equipo.

La producción industrial española estuvo muy orientada hacia los bienes de consumo y sustentada, en gran mediad, en las industrias siderúrgica, metalúrgica y textil.

El mapa industrial comenzó a adquirir unos trazados nítidos en los que ya se advertía la polarización en torno a Vizcaya, Barcelona y Madrid, y en otros puntos del interior peninsular que desarrollaban una industria de base agraria.

El crecimiento industrial hasta la Guerra Civil.

Durante el primer tercio del siglo XX, la industria española se afianzó notablemente gracias a la protección arancelaria y se consolidaron sectores industriales como el metalúrgico, el textil o el químico, impulsados por el crecimiento de la demanda y la consolidación del mercado interior.

El proceso de industrialización conoció los efectos positivos de la repatriación de capitales tras la pérdida de las colonias, de una mentalidad más emprendedora y de los beneficios comerciales derivados de la Primera Guerra Mundial.

A pesar de que continuó la explotación minera por parte de las empresas europeas, la Primera Guerra Mundial permitió el incremento de las exportaciones agrarias industriales a los países contendientes, lo que repercutió en una capitalización muy provechosa para nuestra industria; la productividad industrial mejoró y se dio un considerable impulso a la construcción de obras públicas durante la dictadura de Primo de Rivera, particularmente de carreteras, que resultó fundamental para la conexión de los mercados interiores.

En este periodo, las empresas extranjeras abandonaron la explotación de las agotadas minas españolas, y pese a los indudables progresos, la industria española seguía acusando el retraso y la dependencia de Europa. El mapa industrial se consolidó sobre el germen de los focos anteriores, de modo que empezaron a manifestarse los desequilibrios territoriales que alcanzarían su plenitud en las décadas posteriores.

La reconstrucción industrial de la posguerra.
La Guerra Civil truncó la fase expansiva de la industria española. A su término hubo que afrontar la reconstrucción, la recuperación económica y la puesta en práctica de una política industrial que viniera a resolver las graves carencias del momento, lo cual se abordó en un contexto de autarquía, es decir, de autosuficiencia económica.

En 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), con una fuerte participación de capital estatal en los sectores básicos de la industria (siderurgia, naval, petroquímica).

A partir de 1950 la situación fue cambiando y se logró una cierta recuperación en los niveles de renta, mejoró la situación en la posguerra y la economía española encontró cierto alivio a partir de las negociaciones con Estados Unidos y del ingreso en la ONU. Se puso fin al aislamiento y España se integró gradualmente en la economía internacional, al tiempo que la falta de capital fue suplida por las inversiones extranjeras que comenzaron a llegar.

La nueva estructura industrial se caracterizó por la dualidad, es decir, por la existencia de un sector dominado por la gran empresa de capital público (Hunosa, Ensidesa, y demás empresas pertenecientes al INI) y orientado a bienes de equipo, y otro sector integrado por la pequeña y mediana empresa de capital privado, dedicado a las industrias de transformación y de bienes de consumo.

Desde un punto de vista espacial, la política industrial favoreció la consolidación de algunas regiones industriales en detrimento de otras; así, se polarizó claramente hacia Cataluña, País Vasco y Madrid (41,5% del empleo) en perjuicio de otras que se configuraban como áreas subdesarrolladas, las cuales comenzaban a padecer los efectos negativos de los desequilibrios y del éxodo rural.

Pero el modelo industrial acusaba graves deficiencias y se mostraba incapaz de resolver las carencias, de ahí que a partir de 1959 se abordase el desarrollo industrial y económico siguiendo las directrices del denominado Plan de Estabilización.

El impulso industrializador de los años 60.

El período entre 1959 y 1975 supuso un crecimiento económico sin precedentes, al que contribuyeron una serie de factores favorables, como la expansión generalizada de la economía capitalista, la llegada de capital extranjero, la instalación de grandes empresas multinacionales, etc. Al mismo tiempo, España recibía las divisas que aportaban turistas y emigrantes, con las que hizo frente a la compra de petróleo, a la importación de bienes industriales y a la nivelación de la balanza de pagos.

El estado puso en funcionamiento los planes de desarrollo y una política regional basada en los polos de desarrollo y promoción, entre los que destacaron los de Huelva, Córdoba, Granada, Burgos.

A pesar de que los planes de desarrollo no dieron los resultados previstos, se consiguieron objetivos muy importantes, el más notorio de los cuales, sin duda, fue que el PIB alcanzó un índice de crecimiento anual en torno al 7%.

La industria española mejoró notablemente y alcanzó un alto grado de diversificación en su producción de bienes de equipo, de uso y de consumo, aunque siguió acusando los efectos negativos de la gran dependencia tecnológica, de las importaciones y de una inadecuada estructura empresarial.

El desarrollo industrial de los años 1960 se localizó en las regiones que tenían mayor tradición industrial y en sus áreas adyacentes, lo cual agravó los desequilibrios regionales. Se generó una dicotomía entre los tres espacios más industrializados (Cataluña, País Vasco y Madrid), que concentraron casi las tres cuartas partes de las inversiones multinacionales y del empleo recién creado, y, por otra parte, la Meseta, Galicia, Extremadura y Andalucía, que acusaron una pérdida de significación industrial.

El modelo industrial de la década de 1960 hizo que aumentaran las diferencias entre regiones ricas y pobres, lo que incidió en los procesos demográficos de emigración y de éxodo rural que vivió la población española y que vinieron a incrementar aún más los propios desequilibrios.

Al final del período, la industria española experimento una profunda crisis, al ser tributaria en exceso de sus deficiencias estructurales y de la dependencia energética. El encarecimiento de la energía, causado por la gran subida de los precios del petróleo en 1973, incrementó los costes de producción.

Crisis y reestructuración de la industria española.

La crisis de la industria que afectó al mundo occidental a partir de 1973 también afectó a España, donde se presentó con cierto retraso. Las causas de dicha crisis en lo que a España se refiere, pueden catalogarse de externas, es decir, ajenas a la industria, e internas, o relacionadas con las características de la misma.

Respecto a las causas externas, la primera y principal fue el encarecimiento de los precios del petróleo, cuyas consecuencias fueron gravísimas para España, debido a su dependencia energética y al incremento experimentado por el consumo de petróleo. Igualmente, contribuyeron otros factores, como la mundialización de la economía, el incremento de la competitividad, la emergencia de nuevos países industriales y el agotamiento del modelo industrial y del ciclo tecnológico, que dio paso a una nueva fase (la tercera revolución industrial), caracterizada por las nuevas tecnologías y por los nuevos sectores industriales derivados de ella (informática, electrónica, nuevos sistemas de producción, etc.).
Entre las causas internas cabe destacar la fragilidad resultante de la dependencia energética y tecnológica, y de las dimensiones inadecuadas de las plantas industriales, el endeudamiento, los desequilibrios entre sus sectores productivos y espaciales, etc. A todo ello hay que añadir el delicado momento en que se hizo patente la crisis: el ocaso del franquismo y el complicado camino que comenzaban a recorrer la sociedad española hacia la transición democrática. La crisis se agravó ante el retraimiento de las inversiones industriales, a la espera de la evolución política, la caída de la productividad y la tardanza en adoptar soluciones.

La respuesta a la crisis no podía ser otra que la reestructuración de la industria. Con este fin se adoptaron en 1984 disposiciones en una doble dirección: reconversión de los sectores industriales más afectados por la crisis y reindustrialización, es decir, recomposición del tejido industrial en las zonas donde éste había resultado especialmente dañado.

La reconversión industrial se llevó a cabo sobre los sectores maduros de la industria: siderurgia, construcción naval, industria textil, etc. Con ella se pretendía racionalizar la producción industrial adaptando la oferta a la demanda, sanear las finanzas adecuar el tamaño, modernizar la industria, adoptar nuevos sistemas de gestión, etc. En buena medida, la reconversión afectó a las grandes empresas creadas en la etapa desarrollista, cuyo tamaño no era el apropiado para nuestras necesidades y posibilidades de exportación.

Una segunda dimensión de la reconversión fue la apuesta por los sectores más dinámicos, por lo que se puso énfasis en las industrias de automoción, en las químicas y en las agroalimentarias, con capacidad para activar otros sectores económicos, y en las actividades de alta tecnología, de gran importancia para el futuro.

Los procesos de reconversión industrial resultaron eficaces, aunque no en la medida que sepretendió en un primer momento, pues al llevarlos a la práctica desaparecieron muchos puestos de trabajo a consecuencia de las reducciones de plantilla que exigían los planes de viabilidad.

Paralelamente se procedió al desarrollo de los programas de reindustrialización, para lo que se crearon las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR). Los nuevos planes pretendían recomponer el tejido industrial sobre las bases de la modernización tecnológica y de la implantación de nuevas actividades de futuro. En conjunto, puede decirse que no dieron todos los resultados esperados, pues concentraron la inversión y agravaron los desequilibrios, fosilizando el modelo surgido en el siglo XIX, que fue consolidado en el periodo franquista.

A partir de 1991 asistimos a una nueva reconversión industrial, impuesta por Europa, y desde mediados de la década de 1990 se asiste a una recuperación económica bien perceptible en todos los sectores.

Tras el ingreso de España en la Unión Europea, la política industrial española sigue las directrices que emanan de la Unión, y las integra en sus propias iniciativas y en las que presentan las comunidades autónomas. Sus objetivos generales están encaminados a resolver los problemas estructurales que presentan las industrias en un mundo en continua mutación y a atenuar o corregir los desequilibrios regionales.

La política comunitaria incorpora un conjunto de medidas y de actuaciones que se recogen en el V Programa Marco de la Unión Europea (1998-2002) y entre cuyas líneas de actuación destacan el fomento de la investigación, promoviendo los programas de I+D (investigación y desarrollo), las inversiones en formación de mano de obra y métodos de gestión, etc. Asimismo, se pretende el fomento de la cooperación internacional para el desarrollo de proyectos e iniciativas transnacionales, la innovación y la ayuda a pequeñas y medianas empresas, el surgimiento de centros comunes de investigación, transferencias tecnológicas, etc. Todo ello, en un contexto económico en el que se aspira a la libre competencia como característica de mantenimiento del sistema.

A partir de la integración europea se intensificaron las reconversiones para adaptarse a las exigencias comunitarias y comenzaron a percibirse en la industria algunos efectos de la convergencia, tales como el desarme arancelario y la llegada de subvenciones y ayudas para incentivar los sectores o espacios en crisis y las zonas desfavorecidas. La nueva situación ha precisado del desarrollo de programas de ayuda a las Pymes para mejorar la competitividad y ha dado paso a un amplio programa de privatizaciones de empresas estatales.